Boris F. Zapata Romero

14/9/22

En Colombia, el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 es quien señala el camino para establecer las fórmulas tarifarias, y su brújula está dada por el concepto de eficiencia económica. Este concepto, como lo desarrolla el artículo 87, indica que “se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo”, y estipula que para el caso de servicios públicos que sean sujetos a fórmulas para establecer las tarifas, estas deben equilibrar los costos económicos de la prestación del servicio con su demanda.

En otras palabras, reconoce que un mercado competitivo real no es regulado, pero que, siendo servicios claves para el país, su regulación debe ayudar a “parecerse” lo que más pueda a un mercado competitivo.

¿Y qué es un mercado competitivo? Pues uno que se construye gracias a las demandas de los consumidores, y la competencia por proveerles bienes y servicios, que lleva a empresas e industrias a estar en constante evaluación de los costos bajo los que producen lo que sea que oferten.

En cuanto a los costos para producir, que es uno de los factores de fijación del precio en un mercado competitivo, lo que utilizan empresas o industrias se le da un valor a “costo de oportunidad”; para ejemplarizar, es algo como escoger el tiempo que tengo – que es un recurso-, entre: o estudio, o trabajo, o cocino, o descanso.

Con eso, se valora realmente la inversión frente a otras opciones, pues el valor de uso del recurso, se entiende independiente de si lo aplico en esta actividad u aquella; en otras palabras, el uso de los recursos se entiende como factor de la competitividad.

Pero como es claro que, en materia de servicios, en este caso de energía, no estamos ante un mercado competitivo, y a pesar de que la norma señala que las tarifas deben reflejar los costos económicos, y no los reales, así como que no deben reflejar una gestión ineficiente, lo cierto es que la CREG introdujo varios costos reales o indicadores reales del servicio.

Por supuesto la CREG actuó conforme a la ley, en este caso la Ley 1955 de 2019 o Ley del Plan, que desarrolla una evolución en el sentido de pasar de simular un mercado competitivo, a regular el mercado imperfecto que existe.

Es así como, a través del Decreto 1645 de 2019 se diferencia a la Región Caribe y su coyuntura de irregularidad en la calidad del servicio, ausencia de inversiones, y costos de las pérdidas de energía, etc, y con ello, por ejemplo, se autorizó el costo base de comercialización de un mas 20% en el año 2020, y se expidió la Resolución CREG 024-202124 que reconoce un índice de pérdidas totales de 27,2% en la región – acuérdense que ya estamos hablando no de costos económicos, si no reales, por lo que ese reconocimiento impactó en las tarifas al alza-.

Hay que seguir evaluando y discutiendo las fórmulas tarifarias, pero en lo particular quiero llegar a otro punto, porque para mí los temas de desarrollo económico y competitividad siempre se tratarán del modelo, no de la coyuntura.

Y la coyuntura lo que indica, por un lado, es que las tarifas elevadas del servicio de energía en el Caribe impactan la industria. Que realmente no es que sea mucha. En Córdoba las grandes empresas según Cámara de Comercio de Montería son 16, así que el gran impacto es para el sector de los servicios – estos datos son sobre empresas formales-, que es gran usuario del servicio, compuesto mayormente por microempresas (el 96% de las empresas en Córdoba).

Pero por otro, la coyuntura lo que implica es la afectación los hogares; para eso no hay sino que remitirse a la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, que estudio el periodo comprendido entre 2016 y 2021, y sus resultados no pueden ser más claros para el Caribe, pues muestran que por el incremento en las tarifas de energía las familias perdieron un promedio de $136.242 per cápita.

Es aquí donde aparece el peligro que los liderazgos políticos cortoplacistas – y ¿electoreros? – impongan alternativas que atiendan solo lo coyuntural, sacrificando la oportunidad de llamar la atención sobre el problema de fondo: la pobreza.

La pregunta que hay que plantearse es, ¿por qué si el alza de las tarifas fue en todo el país, las mayores afectaciones a los hogares ocurren en el Caribe?

Las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares revelan que tristemente, por los aumentos en las tarifas de energía, 16 mil de las 23 mil familias con pobreza monetaria extrema en el país, están en el Caribe.

Y es que no es tan difícil que la pobreza aumente por estos lares caribeños, cuando por ejemplo, en el departamento de Córdoba a fecha 2021, los niveles de miseria que se registran lo ubican como uno de los más pobres del país con cifras que apuntan a que el 59,4% de los hogares se encuentran en pobreza monetaria – que es lo mismo que decir que si pagan servicios no comen o si comen no pagan servicios-, ya sumados tristemente 108 mil nuevos hogares, a raíz de la pandemia.

Una cifra que alarma, es que estamos en una de las pocas zonas en las que retrocede el porcentaje de clase media, que fue un logro de la última década, encontrando en Montería, por ejemplo, que esa involución de la población de clase media se encuentra sentada en diferencias negativas entre 2020 y 2019, con cifras de 26.073 hogares empobrecidos.

En importante saber, para llevar cuentas, que a partir de la actualización de los valores de corte de la metodología de López-Calva y Ortíz-Juárez (2011), en el caso de Colombia se obtiene como umbral que determina a los “vulnerables”, aquellos con ingreso por persona entre la línea de pobreza y $690.524 mensuales ­- la línea de pobreza monetaria per cápita en Colombia es de 354 mil pesos-.

Así las cosas, es más que claro que aumentos como los vistos de 10 puntos o más de un salario mínimo en el recibo de una familia pobre, la jala hacia abajo, hacia la miseria.

Espero que la atención sobre la coyuntura, que seguro se dará bajando las tarifas, sea entendida como un paliativo. Obligar al sector a asumir de nuevo la simulación de un mercado competitivo, en vez de hacer que haga parte de un mercado competitivo, es pan de hoy y hambre para mañana. Debemos concentrar esfuerzos en hacer crecer la economía, que las familias se alejen de los umbrales de vulnerabilidad, generando condiciones para la aparición de empleos estables, apalancando industria, y en general, estableciendo condiciones de competitividad.

Nota: Lo dicho, dos días después de haber escrito este artículo, salen a anunciar lo coyuntural: rebajas. Esperemos las decisiones de largo plazo.

BORIS F. ZAPATA ROMERO